URBANRES.: COMISION NACIONAL DE LA COMPETENCIA : CNC : DEFINICION Y CARACTERISTICAS

ANTECEDENTES

La Comisión Nacional de la Competencia (hasta el 1 de septiembre de 2007, Tribunal de Defensa de la Competencia) es un órgano del sistema español de regulación de la competencia, que está establecido por la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC).

La Ley de Defensa de la Competencia (LDC) prohíbe todo acto que restrinja, impida o falsee la competencia, y en concreto:

La fijación, de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones comerciales o de servicio.
La limitación o el control de la producción, la distribución, el desarrollo técnico o las inversiones.
El reparto del mercado o de las fuentes de aprovisionamiento.
La aplicación, en las relaciones comerciales o de servicio, de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes que coloquen a unos competidores en situación desventajosa frente a otros.
La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a los usos de comercio, no guarden relación con el objeto de tales contratos.
La Comisión puede sancionar también los actos de competencia desleal que, por falsear de manera sensible la libre competencia, afecten al interés público.

FUNCIONES

La Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia crea, en el ámbito estatal, una institución única e independiente del Gobierno, la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), que integra a los antiguos Servicio y Tribunal de Defensa de la Competencia.

La CNC es un organismo público encargado de preservar, garantizar y promover la existencia de una competencia efectiva en los mercados en el ámbito nacional, así como de velar por la aplicación coherente de la Ley de Defensa de la Competencia mediante el ejercicio de las funciones que se le atribuyen en la misma y, en particular, mediante la coordinación de las actuaciones de los reguladores sectoriales y de los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, así como la cooperación con los órganos judiciales competentes.

La CNC ejerce sus funciones en el ámbito de todo el territorio español y en relación con todos los mercados o sectores productivos de la economía.

La CNC presenta una estructura piramidal centrada en la existencia de dos órganos separados, la Dirección de Investigación y el Consejo, que realizan con independencia sus respectivas funciones de instrucción y resolución bajo la supervisión y coordinación del Presidente de la institución. Ambos órganos se apoyan en un conjunto de servicios comunes.

La Ley de Defensa de la Competencia atribuye a la CNC funciones tanto instructoras como resolutorias en todos los procedimientos en materia de defensa de la competencia.

La Ley también atribuye a la CNC funciones de arbitraje, competencias consultivas y labores de promoción de la competencia en los mercados.

Asimismo, fomenta la transparencia de sus actuaciones y su responsabilidad frente a la sociedad al prever la publicidad de todas las resoluciones y acuerdos que se dicten en aplicación de la Ley y la publicación de sus directrices, al ordenar la elaboración de informes sobre la situación de competencia en los mercados y de análisis y evaluación de los efectos de la concesión de ayudas públicas, y al dotarla de la capacidad de impugnar los actos del sector público o normas que no sean de rango legal que afecten negativamente a la competencia en los mercados.

Por tanto, la CNC no sólo asume, reforzadas, las funciones que tenían atribuidos el Servicio y el Tribunal de Defensa de la Competencia, sino que tendrá otras nuevas. Se persigue de esta manera, y mediante la puesta a su disposición de nuevas herramientas como el sistema de clemencia en el ámbito de las conductas restrictivas de la competencia, que facilitará la detección y el castigo de los cárteles, una mayor eficacia de sus actuaciones.

Por otra parte, se dota al sistema de una mayor coherencia, gracias a la adaptación de la normativa al modelo comunitario y al reforzamiento de los mecanismos de coordinación para la aplicación de la normativa de competencia, tanto en relación con las Autoridades de Competencia de las Comunidades Autónomas –ajustándose al esquema constitucional de distribución de competencias con éstas-, como con los reguladores sectoriales.

CARACTERISTICAS

A un agricultor le cuesta comprar un kilo de cebollas o calabacines en el supermercado cinco veces más de lo que le pagan por producirlo. Si se trata de un ganadero, el precio del kilo de ternera de primera también es cinco veces superior en la carnicería que cuando las distribuidoras van a comprarselo a él. Eso es precisamente lo que quieren controlar los principales dirigentes de los estados miembros de la Unión Europea (UE), que han acordado en Bruselas un paquete de medidas para evitar que los intermediarios comerciales inflen los precios y se aprovechen de unos márgenes de beneficios --entre el precio de origen y de destino-- cada vez mayores en los principales productos agroganaderos.

Los jefes de Gobierno de los países de la UE han puesto sobre la mesa su preocupación por el efecto que la escalada de precios está teniendo en los hogares con menos ingresos. A su juicio, hay dos motivos detrás de esta tendencia alcista: por una parte, la escasez de alimentos a nivel mundial por la mayor demanda y consumo de los países asiáticos; y por el otro, la especulación comercial.

Precisamente para controlar este tipo de situaciones el Gobierno español puso en marcha hace unos años el Observatorio de Precios, un organismo dependiente del antiguo Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación --ahora integrado en el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino-- que registra semanalmente los precios de venta de una treintena de productos a lo largo de la cadena de comercialización: en la venta del productor (agricultor o ganadero), en la de los intermediarios y en la venta final al consumidor. Esta herramienta revela la existencia de grandes márgenes de beneficios en la comercialización de algunos alimentos. Así, por ejemplo, mientras a un agricultor le pagan solo 32 céntimos por kilo de patata, el ciudadano lo encuentra en el mercado a no menos de 80. Y lo mismo ocurre con el tomate (0,60 euros por kilo) o el pimiento (0,78), que posteriormente pueden llegar a comercializarse por un precio tres veces superior (por encima de los dos euros en ambos casos).

Pero quizás la situación más sangrante se da entre los ganaderos. A ellos, mataderos y distribuidores les pagan el kilo de ternera de primera a 3,27 euros por cada kilogramo. El precio final para el cliente supera los 15 euros, es decir, cinco veces más. Y con la carne de cerdo ocurre algo similar: en origen cuesta 1,66 euros el kilo y en los supermercados, casi 6 euros.

Principales medidas

Por ello, desde Bruselas se ha decidido poner en marcha un "un grupo de expertos" encargados de examinar el papel que la "especulación" puede tener en el incremento de los precios de los alimentos. Asimismo, los presidentes y primeros ministros de los países de la UE han planteado también la necesidad de crear sistemas de vigilancia para controlar el impacto de las cadenas de distribución sobre estos precios, aunque finalmente esta idea no se ha incluído entre las medidas a aplicar tras esta reunión.

El problema, según fuentes del organismo comunitario, es que resulta "complicado" comprobar y demostrar la repercusión del precio de las materias agrícolas en el precio final que paga el consumidor. No obstante, sí se ha acordado, en cualquier caso, examinar el papel que en esta tendencia inflacionista están teniendo los supermercados. Y lo que también se ha pactado es abogar por un rápido análisis de las repercusiones que el desarrollo de los biocarburantes tiene en la oferta de productos agrícolas destinados a la alimentación para, en caso necesario, "tomar medidas para hacer frente a los inconvenientes".

Representantes de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) se reunen hoy con el portavoz de la Comisión de Medio Rural del Congreso de los Diputados, Alejando Alonso, para informarle de la "crisis" en los precios que los profesionales del sector están soportando como consecuencia de la existencia de unos "márgenes comerciales abusivos" en las ventas a los consumidores.

Según informó la organización agraria UPA-UCE de Extremadura, éste será el primero de una ronda de contactos que mantendrá con los diferentes grupos parlamentarios dentro la campaña Precios justos para nuestros productos . El objetivo, explican, es analizar una situación que está llevando a una "clara pérdida de renta" por parte de los productores y también de los consumidores.

En este sentido, UPA reclama a los grupos políticos una "ley urgente" sobre los márgenes comerciales a lo largo de la cadena alimentaria, así como la implantación de códigos de buenas prácticas comerciales que regulen las relaciones entre todos los eslabones de la cadena productiva, desde el origen al destino.

La semana pasada, UPA presentó al fiscal General del Estado, Cándido Gómez Pumpido un informe en el que se detallaba el funcionamiento de la cadena de valor de determinados alimentos y la evolución de los precios. Según la organización, Pumpido se mostró "muy receptivo y sensible" y trasladó el documento a los diferentes ministerios implicados para que investiguen si se producen irregularidades que justifiquen su intervención. También entregarán este estudio a la Comisión Nacional de la Competencia para que analice la situación.

LEY 15/2007 DE 3 DE JULIO DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA