El juzgado de Velez ha ordenado el ingreso en prisión del Alcalde de Alcaucín y de un Arquitecto Jefe de Sección la Diputación de Málaga, sin fianza, debido al escandalo de corrupción urbanística desatado las últimas semanas.
EL CALCETIN SE QUEDO PEQUEÑO
El pasado viernes 27 de Febrero de 2009 un nuevo caso de corrupción urbanística salpicó el mapa de España, una vez más en la provincia de Málaga. La Guardia Civil ha detenido a trece personas en la localidad de Alcaucín, entre ellos su alcalde, el socialista José Manuel Martín Alba, quien ha sido trasladado a la Comandancia de la Guardia Civil en Málaga tras concluir el registro efectuado en el Ayuntamiento. Además, entre los arrestados también se encuentran dos hijas del regidor, dos arquitectos y varios empresarios que presuntamente pagaban a los cargos públicos que consentían, encubrían o impulsaban las construcción de viviendas en suelo no urbanizable en la comarca de la Axarquía. Martín Alba llevaba hasta entonces cinco legislaturas al frente del municipio, ganando siempre los comicios por mayoría absoluta.
Los empresarios trataban después de legalizar los pagos mediante informes y certificados falsos expedidos por arquitectos titulados, a través de los cuales conseguían alterar las correspondientes inscripciones catastrales y registrales de las fincas. Según los investigadores, los acusados promocionaban, construían urbanizaciones y viviendas aisladas en suelo no urbanizable para después venderlas, principalmente, a ciudadanos extranjeros. Entre ellos, figura un empresario, cuya identidad se desconoce por el momento, que mantiene su residencia en la costa de Huelva, según han indicado fuentes de la Subdelegación del Gobierno. A los detenidos se les acusaba de delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental, contra la ordenación del territorio y estafa y blanqueo de capital. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevos arrestos.
El resto de los imputados hasta la fecha han sido puestos en libertad bajo fianza hasta nueva orden.
Los empresarios trataban después de legalizar los pagos mediante informes y certificados falsos expedidos por arquitectos titulados, a través de los cuales conseguían alterar las correspondientes inscripciones catastrales y registrales de las fincas. Según los investigadores, los acusados promocionaban, construían urbanizaciones y viviendas aisladas en suelo no urbanizable para después venderlas, principalmente, a ciudadanos extranjeros. Entre ellos, figura un empresario, cuya identidad se desconoce por el momento, que mantiene su residencia en la costa de Huelva, según han indicado fuentes de la Subdelegación del Gobierno. A los detenidos se les acusaba de delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental, contra la ordenación del territorio y estafa y blanqueo de capital. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevos arrestos.
El resto de los imputados hasta la fecha han sido puestos en libertad bajo fianza hasta nueva orden.
http://www.cnnplus.com/codigo/noticias/ficha_noticia.asp?id=658973
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